Por MARÍA JOSÉ LUBERTINO / Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Doctora en Derecho. Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires
La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires no es un fenómeno climático ni una consecuencia inevitable del mercado; es el resultado deliberado de un modelo político que prioriza los negocios de unos pocos por encima de la vida de las mayorías. Vivimos en una ciudad cada vez más rica con habitantes cada vez más desposeídos, donde tener un techo sobre la cabeza pasó de ser un derecho consagrado por la Constitución a un privilegio inaccesible.
La desregulación absoluta del mercado de alquileres ha herido de muerte a la clase media y a la juventud porteña. La violenta “inquilinización” de nuestra población es un hecho: hoy en día, el 36,2% de los hogares porteños son inquilinos, frente al 24% que registrábamos en 2003. Sin marcos regulatorios que pongan un freno a los abusos tras la derogación de la normativa nacional, las condiciones de vulnerabilidad se dispararon. Un informe de la Universidad de Buenos Aires revela que los alquileres en el distrito se dispararon un 423% en poco más de dos años, duplicando la inflación acumulada. Esta asfixia económica provoca que el 57% de los hogares inquilinos destine más de la mitad de sus ingresos exclusivamente a pagar el techo, provocando un fenómeno masivo de endeudamiento y desalojos silenciosos. Los jóvenes ya no planean emanciparse; planifican cómo sobrevivir compartiendo piezas o volviendo a la casa de sus padres. Expulsar a la fuerza de trabajo y a las nuevas generaciones es vaciar de futuro a nuestra propia comunidad.
La contracara más cruel y dolorosa de esta desregulación se ve en nuestras veredas. La insensibilidad del Gobierno de la Ciudad se maquilla con estadísticas oficiales que buscan invisibilizar la tragedia. Mientras los fríos números del oficialismo reconocen poco más de 5.100 personas desamparadas, los censos populares realizados por las organizaciones sociales y las asambleas barriales —con las que caminamos la calle cotidianamente— revelan una emergencia social escalofriante. El Tercer Censo Popular registró 11.892 personas en situación de calle en la Capital. No son solo números; son niños, personas mayores y familias enteras durmiendo a la intemperie en un contexto de abandono estatal inédito. El GCBA responde con violencia institucional y “operativos de orden” que barren a las personas en lugar de asistir el hambre y la falta de techo.
Este escenario no es casual: responde a la matriz de la especulación inmobiliaria y a los negociados que denunciamos sin descanso. Se modifican los códigos urbanísticos a la medida de las grandes constructoras, se entregan las tierras públicas y se promueve una gentrificación feroz que desplaza a los residentes históricos de sus barrios. No podemos seguir tolerando una ciudad que construye torres de lujo vacías mientras sus ciudadanos duermen en la calle. El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental, no una mercancía de especulación financiera. No estamos inventando la pólvora; en todo el mundo existen ejemplos exitosos de ciudades globales que intervinieron sus mercados para priorizar a la gente común.
Para revertir este panorama de exclusión, proponemos un plan de acciones inmediatas inspirado en lo que ya funciona:
Declaración de la Emergencia Habitacional: Paralizar de forma inmediata los desalojos por razones económicas de familias vulnerables y unificar las mediciones de personas sin techo integrando a las organizaciones civiles.
Impuesto a la Vivienda Vacía: Penalizar fiscalmente las propiedades que se mantienen deshabitadas con fines meramente especulativos para forzar su ingreso al mercado de alquileres tradicionales, imitando el exitoso modelo de París, que triplicó su impuesto a los departamentos vacíos, o de Vancouver, que logró volcar miles de unidades al mercado residencial con su tasa especial.
Regulación y límites estrictos al Alquiler Temporario: Limitar las licencias para plataformas en áreas residenciales saturadas para recuperar stock habitacional para los residentes permanentes. En esta línea Barcelona, que prohibirá los pisos turísticos en los próximos años para devolver la ciudad a sus vecinos/as, o Nueva York, que impuso restricciones severas de registro urbano.
Reforma del Código Urbanístico y cupos de Vivienda Asequible: Frenar las excepciones inmobiliarias automáticas, prohibir explícitamente la venta de tierras públicas y exigir que todo nuevo desarrollo privado reserve obligatoriamente un porcentaje para alquiler accesible, tal como exige Londres con sus cuotas de viviendas comunitarias o Berlín mediante la expropiación y recompra de miles de departamentos en manos de fondos corporativos transnacionales.
Programa de Alquiler Social con Garantía Pública: Crear un fondo estatal que actúe como garante para jóvenes y familias trabajadoras, subsidiando la brecha de ingreso en los sectores de menores recursos. Nuestra gran referencia internacional es Viena, donde el 60% de la población vive en propiedades gestionadas o subsidiadas por el Estado, demostrando que un parque habitacional público fuerte es la única garantía a largo plazo contra la exclusión económica.
Necesitamos de manera urgente defender el suelo público y poner el urbanismo al servicio del bienestar común. La vivienda es un derecho, y la dignidad de nuestro pueblo no se negocia.