En casi tres años, el trabajo de equipos profesionales y el acceso a la medicación redujo las cifras de mortalidad materna. La experiencia en PBA.
El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta fecha tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en la Argentina en 1990 y fue una iniciativa de activistas argentinas y uruguayas que venían dando la pelea por el derecho al aborto en sus respectivos países.
A 32 años de aquellas jornadas, en un contexto de avance de los discursos anti derechos y de candidatos presidenciales que amenazan con ajustes, déficit cero y recorte del gasto público, el movimiento Ni una Menos convoca a recuperar la calle con la fuerza de la marea verde que en 2018 movilizó a millones de personas en todo el país y que logró la despenalización social del derecho a decidir.
Durante mucho tiempo escribir sobre el aborto significó enumerar muertes, registrar obstáculos, revertir estigmas. Fue hilvanar historias dolorosas que dejaran en claro que la ilegalidad era menos vida y más muerte. La clandestinidad fue menos salud para las mujeres y personas gestantes y más maternidad forzada. Los activismos tejieron estrategias para visibilizar el derecho a decidir y a la misma vez fueron guardianes del cumplimiento del artículo 86 del Código Penal que desde 1921 posibilitaba el aborto legal para ciertos casos.
Desde aquellos días de 2018 en que el pañuelo verde se instaló masivamente pasaron varios años. En diciembre de 2020 finalmente la Ley 27.610 fue aprobada y así la interrupción del embarazo pasó a ser un derecho de todas y todes. En tiempos de tanto enojo hacia el Estado y con discursos que proponen lógicas propias del mercado para regir la vida recuperar las historias detrás de leyes y políticas públicas permite conocer la trama diversa, humana, empática y comprometida que logra que este derecho llegue a quienes tiene que llegar.
¿Quiénes son les que sostienen la ley en los consultorios, en los barrios y en las redes profesionales? ¿Cómo logra el Estado sistematizar, problematizar y planificar las políticas que sostienen la legalidad de la interrupción del embarazo? Los caminos que trajeron a la marea verde hasta acá son diversos y colectivos y las voces de quienes los han transitado permiten construir memoria, pero también trazar posibles salidas hacia el futuro.
EL ABORTO ES LEY Y POLÍTICA PÚBLICA
Carlota Ramírez es psicóloga y tiene a su cargo la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense. En dialogo con Tiempo, asegura que el “acceso al aborto en la Provincia de Buenos Aires está garantizado”. Cuenta que el primer año de gestión consistió en prepararse para la sanción de la ley, “porque estábamos convencidas de que la ley iba a salir y teníamos pocos equipos en muy pocos municipios. Ampliamos la red rápidamente, distribuimos misoprostol y generamos mucha capacitación. El segundo año seguimos ampliando y el año pasado ya con una red de más de 500 equipos empezamos a trabajar temas de calidad”
La certificación de calidad que menciona la funcionaria implica que esos efectores de Salud, entre los que se encuentran el Hospital San Martín de La Plata y el Hospital Belgrano de San Martín cuentan con equipos interdisciplinarios en formación permanente y que además tienen equipamiento que permite realizar la interrupción del embarazo tanto en el primer trimestre como en el segundo de gestación. “Estamos monitoreando el proceso de atención, no solamente la atención a la usuaria en el servicio de Salud Sexual, sino desde que entra al Hospital hasta que se va, revisando la forma en que intervienen todos los servicios que están involucrados” detalla.
Para Ramírez “el aborto es mucho más que una prestación de salud. En nuestro país, a partir de las luchas y de los debates impulsados por los feminismos tiene un carácter más político que en otros países”. En ese sentido asegura que “el aborto está transformando el modelo de atención. Abre preguntas e interpela al sistema de salud porque no son personas enfermas. Son personas sanas que van a buscar ayuda para resolver un conflicto que tiene que ver con el deseo de maternar o de no”
Según el informe de implementación del derecho al aborto que presentará esta semana la provincia, en 2022 se realizaron 39.718 abortos intencionales, 6.571mas que en 2021. El año pasado las prácticas de IVE/ILE realizadas en el segundo trimestre fueron 3.682, lo que representa el 9 % de los abortos intencionales y muestra que si bien el número total de abortos aumento, los realizados en el segundo trimestre bajaron dos puntos. “Eso explica el rol fundamental de la atención en el primer nivel de salud” reflexiona Ramírez.
“Cuando llegamos a la gestión nos enterábamos de cosas por las redes sociales, no teníamos registros. Un día me llegó el caso de una niña puérpera de 13 años en un Hospital. Empecé a llamar desesperada hasta que di con el servicio y el jefe me dijo muy orgulloso: no tengo uno, sino tres casos y todos partos vaginales. Inmediatamente armamos la Mesa Niñas No Madres” recuerda Ramírez.
La directora provincial piensa que es fundamental poner sobre la mesa las desigualdades que se expresan en la maternidad obligatoria, incluso en niñas y adolescentes. “En el primer año acompañamos el proceso de interrupción de 40 niñas. El siguiente fueron cerca de 200 y este año hasta septiembre llevamos 260 niñas. Lo que tiene de importante esto es que antes estas nenas llegaban, se detectaba el embarazo y se las derivaba a salud perinatal. Ahora con este dispositivo ofrecemos la consejería en opciones, abordando las complejidades familiares que supone la situación. Recuperamos la consigna feminista de Niñas No Madres porque entendemos que son posiciones excluyentes” asegura.
Sandra Tirado es secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. De ella depende la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tiene la tarea de implementar la Ley 27.610. En conversación con Tiempo, afirma que “la ley se hace efectiva cuando se hace política pública y para eso es fundamental el rol del Estado”. Para la médica tucumana la gestión del programa RemediAr, las capacitaciones y el carácter federal del Ministerio “sucede porque tenemos un gobierno que destina presupuesto y busca que el acceso sea real y de calidad”. Para la funcionaria es fundamental el rol de la militancia porque eso logró la Ley. “Los lazos creados con la sociedad desde el Estado son los que pueden sostener los derechos, más aún ante la amenaza de la derecha.”
Para Tirado “los porcentajes de muerte materna son los más bajos de toda la historia y eso demuestra que la clandestinidad no evitaba el aborto, por lo que era un problema de salud pública.”
PROFESIONALES COMPROMETIDXS CON SU TIEMPO
Gilda Dabrowski, Julieta Greco y Clara Malter Terrada integran junto con otres la Consejería en Salud Sexual y (no) reproductiva del Hospital Arturo Melo de Lanús, en el sur del conurbano. Todes provienen de distintas áreas del hospital. Entre ellxs hay trabajadores sociales (la mayoría), psicólogas, ginecólogas y un médico clínico. En diálogo con Tiempo, recuerdan cuando por motivación propia crearon este dispositivo que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La consejería tuvo su origen como dispositivo interdisciplinario a fines del 2019. Antes de eso se practicaban abortos por alguna evaluación muy puntual y se derivaban las situaciones al Hospital Evita del mismo distrito. “Nos encontramos en una capacitación sobre salud sexual y fue algo que se dio muy natural. Coincidimos en intereses, convicciones y voluntades entre varias y nos dijimos es ahora: hay que armar una consejería acá” cuenta Gilda, trabajadora social que trabajó en distintos servicios en el hospital desde 2013.
Gilda cuenta que fue parte del proceso de conformación de una consejería en la Unidad Sanitaria 1° de Mayo, donde desde 2012 por impulso de médicos residentes se creó una experiencia pionera en la zona. “Me traje las estructuras de gestión que creamos allá y con eso armamos esta” recuerda. Así fue como fijaron días y horarios, gestionaron una línea de WhatsApp propia para atender consultas y pedidos de turno. Empezaron a participar de espacios donde ya había equipos trabajando en ILE y se sumaron a procesos de lucha por el aborto legal con otres colegas.
La planificación y gestión que se puede ver en las políticas públicas macro también se ve en el trabajo diario de los equipos de salud. Esta Consejería, como otras, nacieron por impulso de sus integrantes, incluso en tiempos adversos como fue la gestión del macrismo. Para ellas, que el aborto sea legal es una conquista pero que sea política pública es fundamental “Recuerdo que en la Unidad Sanitaria veíamos como las mujeres tenían que juntar la plata para comprar las pastillas y encontrar farmacias amigables, algo que era muy difícil” cuenta Gilda.
“Acá no solo les damos un turno para asesorar. Acceden a la información, de forma cuidada, les proponemos un seguimiento y control posterior. Y es fundamental que gracias a las políticas que garantizan la provisión de medicamentos las personas no deben resolver en soledad el tratamiento” asegura Julieta Greco, psicóloga que se sumó a la Consejería en 2020. Para ella, la aprobación de la ley también permitió a les trabajadorxs de la salud acelerar las intervenciones “Antes nos ocupaba más tiempo hacer los informes por causales que la atención misma. Ahora podemos ocupar ese tiempo en otras tareas” agrega y asegura “la Consejería es un lugar que va más allá del aborto, es un espacio para pensar la salud sexual integral de la persona”
Clara, Gilda y Julieta dicen sentirse interpeladas por los feminismos, pero creen que su compromiso con la garantización del aborto va más allá de eso. “Pensamos que es un derecho que mejora la salud de las personas y como profesionales buscamos hacer nuestro aporte en ese sentido” reflexionan.
LA IMPORTANCIA DE LAS REDES
Julieta Bazán es integrante y fundadora de la Red de Profesionales por el derecho a decidir, una de las tantas estrategias de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Formó parte de una de las consejerías pioneras del sur, que en 2012 fue creada por impulso de médicas/os residentes y por la capacitación que en aquel entonces realizaba el programa de salud sexual de la provincia.
Desde su tarea docente y como médica generalista integra la consejería del Hospital Narciso López de Lanús. Ella cuenta que la motivó a integrarse a la Red la necesidad de construir “una salud feminista que se ejecute y se garantice”. Para ella, la Red no solo aportó a despenalizar socialmente el aborto “sino que logramos conocernos entre quienes estábamos garantizando el acceso al aborto seguro” y de esa forma “pusimos el debate público dentro del todo el sistema de salud.”
SALUD FEMINISTA
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir está integrada por más de 700 equipos de Salud en la Argentina. La conforman más 2000 profesionales de todo el país que desde el año 2014 articulan su trabajo dentro del sistema de salud con la lucha para que el aborto en la Argentina sea legal, seguro y gratuito.
MORTALIDAD CERO POR ABORTO INTENCIONAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tiempo Argentino accedió a un adelanto del Informe Informe Epidemiológico de Acceso al Aborto que presentará esta semana el gobierno provincial. El dato más relevante del mismo muestra que en el periodo 2019-2022 hubo una disminución del 90% en las muertes por aborto. Mientras que en el periodo 2015-2019 el promedio de muertes fue de 15,2 %, en el año 2022 no hubo muertes por aborto intencional en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la caracterización de los abortos legales y voluntarios en la PBA, el estudio muestra una reducción significativa de 37 % en la tasa de fecundidad de niñas menores de 15 años, superando en 9 puntos a la reducción equivalente a nivel nacional. El informe expresa que esto se puede explicar por la implementación desde el año 2020 de la iniciativa Niñas No Madres, la cual creó una red territorial que garantiza el acceso al aborto en el sistema de salud a niñas y adolescentes.
El informe detalla que el promedio de días en que las personas gestantes accedieron al tratamiento fue de 4.8 días, un detalle vital teniendo en cuenta que se trata de una práctica sensible al paso del tiempo.
EL DERECHO AL ABORTO COMO DERECHO HUMANO
Esta semana se presentó el libro Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, incluido el derecho al aborto como derechos humanos y personalismos, compilado por la abogada y referenta feminista María Jose Lubertino. Se trata de un libro que tiene como objeto “visibilizar el camino recorrido en la construcción colectiva para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos”. En diálogo con Tiempo, la autora afirmó que se trata de una “herramienta versátil que le habla con distintas voces tanto al campo académico como a quienes están en el territorio”.
Es una compilación diversa que muestra la construcción colectiva feminista que conquisto la ley en 2020. Para Lubertino es vital que en este momento de avance de la derecha se fortalezca el acceso a la justicia y a los derechos. “Es necesario acercar a la población conocimientos sobre sus derechos y políticas públicas con las que cuentan. En particular respecto al aborto”.
Para la autora “hay que decirles a todos los fundamentalismos de derecha que no vamos a retroceder y no vamos a permitir que achiquen el Estado porque esa es otra forma de anular la aplicación efectiva de leyes como la del aborto”