Una nueva agenda: «Es la ecología, estúpido» – Ámbito – 20 de diciembre 2021

La crisis de diciembre de 2001 fue una crisis política, institucional y económica que generó un levantamiento popular generalizado que se expresó en la consigna «¡Que se vayan todos!», y que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política en el que se sucedieron cinco presidentes en un breve lapso.

Si bien el marco en el que se llegó a esa crisis era la larga recesión iniciada en 1998 y la situación de pobreza crítica con visos de crisis humanitaria que había ocasionado, el detonante final fue la imposición el 2 de diciembre del 2001 del “corralito” diseñado por Cavallo que restringía el retiro de efectivo de los bancos. El impacto de la falta de circulante sobre la clase baja, no bancarizada, y sobre la clase media devinieron en un agravamiento de la crisis de representatividad.

El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general y paralelamente comenzaron a producirse saqueos a supermercados y camiones en rutas y hechos violentos, mezclados en algunos casos con robos comunes.

A pesar de la declaración del estado de sitio de De la Rúa en la noche del 19 de diciembre de 2001 el estallido social fue generalizado y decenas de miles de personas salen a las calles en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno. Se reprimió a los manifestantes en uno de los peores hechos de violencia institucional en democracia. 39 fueron asesinados por fuerzas de seguridad públicas y privadas. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas eran autoconvocadas y no respondían a ningún partido, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre De la Rúa renunció y se fue en el tristemente célebre helicóptero de la Casa Rosada.

En muchas ciudades y barrios nos organizamos en asambleas populares en las cuales debatíamos y tomábamos decisiones con la pretensión de una mayor participación ciudadana y control de la democracia representativa. Es muy importante el gesto del actual gobierno de reconocimiento del Estado de los delitos cometidos en aquella represión, el homenaje a sus víctimas y la condena a la violencia institucional. Pero a ese acto debe sumarse un profundo debate y reflexión sobre el funcionamiento de la democracia aún pendiente para avanzar hacia su profundización.

Creemos y reafirmamos, como decía Alfonsín, que los males de la democracia se curan con más democracia. Por eso desde hace más de 25 años venimos bregando por la democracia participativa. Ella permite oxigenar la institucionalidad a través de mecanismos de información adecuada a la ciudadanía y de consulta frente a decisiones importantes. Así se lograron reformas constitucionales en muchas provincias que incluyen audiencias públicas, mecanismos de consulta popular, plebiscito, iniciativa popular y revocatoria de mandato, entre otras, e incluso llegamos a consagrar la democracia participativa en el planeamiento y el presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy, a 20 años del 2001, hay un nuevo descreimiento en los políticos y emergen grupos de derecha que ganan bancas con sus discursos antisistema. Hoy hay nuevos conflictos, en general vinculados al extractivismo financiero, minero, sojero y urbano. Ejemplos evidentes son el nuevo endeudamiento impagable e injustificado contraído por Mauricio Macri y autorizado ilegalmente por el FMI para seguir beneficiando a unos pocos y que pretenden hacernos pagar al conjunto. Otro es el Código Urbanístico de Larreta a la medida de los negocios inmobiliarios y la privatización de 500 hectáreas públicas en la Ciudad de Buenos Aires con los desastrosos efectos ambientales, sociales y patrimoniales que tiene la pérdida de esos bienes; la autorización para el uso de agrotóxicos en diferentes provincias y municipios a pesar de los daños a la salud que generan y del rechazo de sus poblaciones, la omisión en la sanción de la ley de humedales reclamada por las poblaciones de Jujuy a Tierra del Fuego, la violación a la Ley de bosques en la mayoría de las provincias donde continúan los desmontes a la mansalva y la ley recientemente sancionada en Chubut que permite la megaminería después de 15 años de que su pueblo se manifiesta en contra y de que su gobernador y sus legisladores hicieron campaña prometiendo todo lo contrario.

La política tiene una oportunidad de reinventarse. Recrear la política o seguir siendo más de lo mismo. Como ciudadanos estamos muy activos, alertas y vigilantes. La mayoría no estamos en la lógica del “que se vayan todos”, sino que exigimos ser parte de la conversación: no más decisiones a espaldas del pueblo, no más dirigentes que traicionen sus promesas de campaña.

En todos los conflictos hay oportunidades. Hoy “Es la ecología, estúpido” parafraseando la famosa frase de campaña de Clinton. Si quienes ocupan cargos de representación asumieran las perspectivas ecológicas y de género como una oportunidad de renovación de la política, no como una cosmética vaciada de contenido o como un estorbo de grupos “ultras”, podrían generar una transición energética en serio, una revolución en los modos de producción agropecuaria con la soberanía alimentaria, un replanteo del sistema de cuidados en general y del de salud en particular, para citar solo algunos casos que permitirían generar nuevos empleos verdes y de cuidados con paridad entre mujeres y varones. Promover un federalismo que desconcentre la megalópolis y vuelva a repoblar con creatividad las ciudades abandonadas y las provincias hoy dependientes de la lapicera del Gobierno central.

Se van gestando corrientes de pensamiento a partir del debate colectivo en los territorios y en redes ciudadanas. La Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), la Red ecofeminista de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, las Cátedras de Soberanía Alimentaria (CaLiSa), la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT), el Movimiento Cartonero, entre otras, somos expresión de ese nuevo modelo emergente. Hay agenda, propuestas alternativas y proyectos para salir del modelo extractivista depredador. Exigimos a la democracia representativa formas de institucionalidad novedosas que los amiguen con la ciudadanía: democracia participativa ambiental y feminista.