A 16 años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el estado de la contaminación sigue siendo alarmante para casi 4 millones de personas y el máximo tribunal debe decidir si mantiene sus mandas y exige el cumplimiento o si accede a la iniciativa del Gobierno de poner fin a la causa. En el medio, aseguran que hay más de 500 chicos con plomo en su sangre, barrios enteros sin agua potable y que las empresas siguen volcando residuos sin tratamiento.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en la llamada “Causa Mendoza”, que condenó al Gobierno nacional, al de la Ciudad de Buenos Aires, al de la Provincia de Buenos Aires y a un grupo de empresas por la grave contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. La semana pasada se cumplieron 16 años.
Durante décadas los diferentes gobiernos y la propia sociedad argentina naturalizaron esta verdadera catástrofe ambiental, que había pasado a formar parte del paisaje porteño y bonaerense.
Y no solo tenía severas consecuencias para el entorno; también generaba serios problemas de salud y habitacionales para los pobladores de la cuenca. Cientos de empresas volcaban sus residuos y desechos sin ningún tipo de tratamiento, con la venia o la indiferencia del Estado, y la población también arrojaba su basura sin control alguno.
Tras muchos años de reclamos por parte de organizaciones civiles y de promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos, el fallo de la Corte puso fin a esta situación y obligó a los tres niveles del Estado a tomar medidas muy concretas para el saneamiento de la cuenca. A todos los condenados la Corte les impuso un «plan de adecuación».
Para ello creó la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), un organismo dependiente de Nación, pero con mecanismos de control a cargo de la sociedad civil. Cinco organizaciones no gubernamentales que participaban como amicus en la causa fueron designadas como las voces de la sociedad en un Cuerpo Colegiado; mientras que el Defensor del Pueblo tenía el rol de liderar esa representación de la parte civil. Las cinco ONG son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). El Defensor del Pueblo sigue sin ser designado desde hace años.
Pero para la titular de la ACDH, extitular del Inadi y exdiputada nacional, María José Lubertino, poco ha cambiado desde aquel histórico fallo.
Newsweek Argentina dialogó también con Raúl Estrada Oyuela, diplomático argentino (exembajador ante la ONU en materia ambiental) que ejerce como apoderado de la Asociación Vecinos de La Boca y que actuó como abogado representando a más de 300 damnificados por la contaminación en la zona. Para ilustrar cuán contaminada está el agua actualmente, explicó: «Para que haya vida aeróbica en el agua se necesitan 5 ml de oxígeno por litro. Al comenzar el proceso de saneamiento, en 2008, había 0,5 ml, es decir, una décima parte de lo mínimo requerido. Hoy hay prácticamente 0 ml. No hay nada».
Son unos 4 millones de personas quienes viven en torno a la cuenca Matanza-Riachuelo, en un contexto nacional en el que la pobreza se incrementó exponencialmente hasta casi alcanzar el 52%, la inflación sigue en niveles sumamente elevados y el Gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste final sin precedentes, como él mismo suele calificarlo. Todo esto podría considerarse un cóctel explosivo en términos ambientales y sanitarios.
Para Lubertino, no hay dudas de que el fallo de la Corte está siendo incumplido desde que se dictó la sentencia. Aunque admite que el Riachuelo hoy se ve mejor gracias a la limpieza del espejo de agua, la extracción de los barcos hundidos y encallados en la ribera y el sembrado de pasto en las barrancas visibles, los datos ambientales muestran que el agua sigue manteniendo altísimos niveles de contaminación, al igual que el aire y el suelo.
La semana pasada se produjo una reunión de las ONG que forman parte del Cuerpo Colegiado con asociaciones barriales y vecinales, y estas últimas llevaron datos estremecedores: “Nos contaron que hay 500 chicos con plomo en su sangre en el Hospital Fiorito y barrios enteros sin agua potable”.
Este último tema mantiene en alerta y movilizados a los vecinos desde hace algunos meses. Acumar y los gobiernos de los tres niveles, explican, nunca cumplieron con las obras para llevar agua potable a la zona. De hecho, si hoy en Villa Magaldi o Villa Inflamable algún vecino abriera su canilla, saldría agua turbia y de muy poca confiabilidad en términos de salubridad. Por eso, Acumar se encargaba de proveerles a los vecinos agua potable en bidones. Pero esto se discontinuó a partir de los actuales recortes libertarios y cientos de personas quedaron sin este recurso básico. Las únicas alternativas, explican, son ir a comprarla a otros barrios o trasladase con bidones hasta otras zonas para abastecerse.
Como parte de la reestructuración del Estado de la actual gestión, afirma Lubertino, el presupuesto del Acumar se redujo un 50% en términos reales, lo que impide cumplir con las tareas de control en general. En mayo, unos 40 empleados recibieron un telegrama de despido, pero la exdiputada señala que unos 250 empleados fueron sumariados por ausentismo, cuando (según ATE) estos no cumplían su horario en una oficina en la que podían fichar, sino en el territorio.
El titular de Acumar por parte de la administración de Mieli es Lucas Figueras, a quienes identifican en el ámbito político como un dirigente del PRO que responde (o respondía) al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; al mandatario chaqueño, Leandro Zdero; y a Horacio Rodríguez Larreta, para quienes trabajó. Algunos medios señalaron tras su designación que llevaba la misión de recortar un 45% del personal del organismo, pero que no estaba dándole cumplimiento a esa orden, lo que había provocado enojos y suspicacias en los sectores más afectos al Plan Motosierra.
Siguiendo esta línea, en los últimos meses comenzaron a surgir algunos rumores de que el Gobierno podría llegar a solicitar el cierre de la causa, argumentando que los objetivos del fallo estarían cumplidos. ¿En qué se basarían para ello? La manda del fallo de la Corte dispuso que debía terminarse con el vertido de desechos cloacales en el Matanza y el Riachuelo, para lo cual se puso en marcha un ambicioso plan para construir un enorme túnel cloacal que derive todos los desechos hacia el Río de la Plata. Y esa obra podría estar cerca de quedar inaugurada.
Pero para Lubertino esto no es suficiente. Primero, porque esto significaría simplemente mover la contaminación de un lugar a otro. Pero, además, porque las empresas continúan vertiendo residuos sin tratamiento, con el permiso de los protocolos de Acumar. Las ONG vienen solicitando modificar esos procedimientos, pero denuncian que ningún gobierno ha querido hacer lugar al reclamo porque implicaría un costo adicional para las industrias de la zona.
“Solo la Corte Suprema puede tomar medidas para revertir este cuadro de situación”, asegura la referente de la ONG.
En abril, la Corte le pidió a Acumar un informe detallado sobre el presunto incumplimiento del fallo “Mendoza”. Según Lubertino, el organismo presentó un informe ante el máximo tribunal resaltando una serie de resultados positivos para sostener esa intención de dar cierre a la causa. Pero el Cuerpo Colegiado también le entregó a la Corte un extenso trabajo de respuesta, mostrando el enorme déficit y explicando la crítica situación en la que se encontrarían hoy al menos 4 millones de porteños y bonaerenses, aunque en muchos casos tal vez no lo sepan.
Mientras tanto, y en contraposición con este panorama poco alentador desde lo ambiental y sanitario, en el marco del este 16° aniversario del fallo Acumar presentó un proyecto inédito: una serie de propuestas turísticas que incluyen la navegación por el Riachuelo. De acuerdo a lo anunciado, buscan crear un paseo unidireccional que una a Tigre con Quilmes, realizando algunas escalas en el trayecto. Y aseguran que están dadas las condiciones para hacerlo en embarcaciones para entre 15 y 20 pasajeros. De hecho, esta propuesta está en marcha desde 2022 y desde entonces más 400 personas lo han realizado. Por lo tanto, se trataría de una ampliación de las navegaciones que tienen el objetivo de mostrar los avances, fomentar la toma de conciencia ambiental y revalorizar estas zonas históricamente desfavorecidas por la contaminación y la marginalidad.
Newsweek Argentina se comunicó con Acumar para solicitar comentarios sobre las denuncias de los vecinos y los señalamientos de las ONG, pero no recibió respuesta inmediata.