Organizaciones vecinales y civiles de la Ciudad convocaron a una movilización para este sábado contra las demoliciones, las subastas de tierras, los convenios urbanísticos y el negocio inmobiliario del Gobierno porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires se está llevando a cabo un “patrimonicidio”. Así lo aseguran las más de 60 organizaciones que convocaron a una marcha hacia la Legislatura porteña para este sábado por la tarde, bajo la consigna “se va Buenos Aires”. Reclaman que “se detenga la demolición sistemática del patrimonio urbano y la privatización del espacio público de Buenos Aires”.
“Buenos Aires está gobernada por la especulación inmobiliaria. Pese a que la población de la ciudad no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura sin respetar el entorno barrial, los edificios patrimoniales ni mejorar la infraestructura de los servicios. La calidad de vida en la ciudad disminuye mientras la vivienda ociosa aumenta. ¿Quién piensa en los vecinos?”, cuestionaron las organizaciones convocantes, entre las que figuran Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Basta de Mutilar Nuestros Árboles y otras.
Según un relevamiento de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (FADU), en la Ciudad existen 141 mil lotes anteriores al año 1941 que deberían estar protegidos por la Ley 3.056, que establece que los terrenos que datan de antes de esa fecha no pueden modificarse sin que se realice un estudio patrimonial.
En total, se registran 18.195 inmuebles a proteger, lo que implica que hay 122.805 construcciones que podrían tener algún valor patrimonial que quedaron a merced de lo que disponga el mercado, sin ningún tipo de legislación que las proteja.
“Día a día se dilapida patrimonio social, cultural y económico invaluable capaces de generar mayor calidad de vida, m2 para vivienda social y valor agregado para nuestra economía”, consideraron las agrupaciones, que reclaman que se realice “una auditoría al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística”.
“A pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos deciden qué edificios se conservan y cuáles no”, continuaron.
Y finalizaron: “Exigimos control vecinal de los órganos que deciden sobre nuestros barrios. Decimos no a las torres y los convenios urbanísticos, basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes, protección inmediata del patrimonio de la ciudad. Defender el patrimonio es cuidar la calidad de vida de los vecinos y la proyección económica de la ciudad. Demoliendo su identidad, SE VA Buenos Aires”.
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad intenta avanzar en la Legislatura con 11 convenios urbanísticos con firmas privadas en distintos barrios porteños, proyectos excepcionales que habilitan la construcción de torres de hasta 85 metros de altura.
Además, actualmente se está llevando a cabo la audiencia pública por el proyecto de Costa Urbana, un convenio con la empresa IRSA que podría terminar con la creación de un barrio privado en la Costanera Sur con uso exclusivo del río. Hasta el momento, la ciudadanía demostró un contundente rechazo a la iniciativa.
A pesar del avance de la construcción de edificios, en la Ciudad de Buenos Aires -la más rica del país- uno de cada diez hogares está deshabitado. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, el 6,3% de los porteños necesitan un nuevo hogar, y el 5,3% vive en condiciones deficitarias. ¿Para quiénes están destinadas las viviendas de lujo?