La Audiencia que se inició una hora después de la convocada fue inaugurada por el interventor del ENRE, Darío Arrué, quien manifestó que las modificaciones tarifarias se producirán a partir del 1 de febrero. “Esa decisión, además de ser improvisada y carente de seriedad dado el escaso tiempo entre la realización de la audiencia y la fecha de entrada en vigencia de los aumentos tarifarios, mereció nuestro rechazo porque además es contraria a lo que el propio ENRE estableció en la convocatoria a Audiencia Pública, en la que dispone que luego de realizada la audiencia, el ENRE deberá presentar un Informe final en el término de 10 días. De cumplirse lo manifestado por Arrué, pondría de manifiesto que la convocatoria a Audiencia Pública fue una formalidad y que ya estaban decididos los aumentos de tarifas”, señala desde la ACDH.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó un panorama catastrófico de la situación energética, señalando que “el sistema está al borde del colapso, porque hubo un consumo eléctrico sin control y un crecimiento artificial del consumo, que va a haber cortes de energía debido a la falta de incentivos tarifarios a las empresas, al mal manejo de Cammesa”.
Afirmó que el precio estacional de la energía que hoy pagan las distribuidoras a $ 9900 el MVH, debe pagarse a $ 22.657, con lo cual las distribuidoras pagarían un 125% más que el precio actual y que se trasladarían a tarifas.
Chirillo, agregó que “el sistema de segmentación implementado por el Decreto 332/2022 no es suficiente porque beneficia a sectores con capacidad económica para afrontar mayores tarifas, prometió que se va a modificar y se reemplazará por una asignación de una canasta de consumo mínima y destinada a los sectores vulnerables”.
A su turno, los representantes de EDENOR y EDESUR, hicieron una exposición sobre la deuda que el Estado nacional tiene debido a las adecuaciones tarifarias que consideran insuficientes y por eso reclaman que a partir de los nuevos cuadros tarifarios se les otorgue un ingreso adicional de 521 mil millones de pesos a EDENOR y de 330 mil millones de pesos.
Al pedido de recomposición económica le agregaron un pedido de ajuste de tarifas mensual con la aplicación de un índice de actualización automática de las tarifas, aplicando el IPC.
Sin embargo, no presentaron los Cuadros Tarifarios que según las empresas les permitiría obtener esos ingresos.
Cabe recordar que estas empresas en 2023 fueron favorecidas por el Estado nacional quien les condonó parte de su deuda con CAMMESA por $ 140 mil millones de pesos y obtuvieron un financiamiento para el resto de su deuda de 80 mil millones de pesos, a pagar en 96 cuotas con una tasa de interés subsidiada.
En razón de lo manifestado por las autoridades de la Secretaría de Energía y por las empresas distribuidoras desde la ACDH reclamaron que dado que esta Audiencia tuvo un carácter informativo de parte de las empresas y de la Secretaría de Energía y que no hubo Cuadros Tarifarios que permitan medir el impacto que ellos producirían en la economía de los usuarios, se planteó la necesidad de un cuarto intermedio para recibir la información solicitada.
Desde ACDH exigen que se convoque una nueva Audiencia Pública para así poder discutir efectivamente las nuevas tarifas y “planteamos la falta de difusión y la nulidad de esta audiencia”. Se rechazan, por lo tanto, los anunciados aumentos a todos los niveles de usuarios/as y al aumento abrupto del Precio Estacional de la energía, que elevará los costos en un 125% y se trasladará a la tarifa de los usuarios/as.
Asimismo ACDH se opone a la modificación de las condiciones de la Segmentación de los Subsidios, con la aplicación de mayores incrementos reclamados por EDENOR y EDESUR, sin dar a conocer los Cuadros Tarifarios. “Nos oponemos a los incrementos, a la indexación mensual y al aumento a partir del 1 de febrero a escasos 5 días de haberse realizado la Audiencia, sin haberse cumplido con el informe final de la audiencia”, expresaron.
También se rechazó la derogación de la Ley de zonas frías y a pago de las deudas reclamadas por las empresas sin auditorías de la Sindicatura y la AGN. ACDH planteó la mala calidad de los servicios, los cortes y los errores de facturación y además cuestionamos que las empresas pretendan cargarlo en el precio del servicio.
“A su vez volvimos a cuestionar la falta de cumplimiento con los compromisos ambientales asumidos por Argentina en el marco de la Conferencia de Cambio (Crisis) climático al seguir con un sistema energético obsoleto, insustentable, fósil dependiente, ineficiente y caro y volvimos a proponer una transición energética justa en base a los escenarios alternativos que desde hace años se vienen presentando a la Secretaría de Energía con respaldo académico y desde serias organizaciones de la sociedad civil con respaldo científico y técnico”, finaliza el informe de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.