Hay un incumplimiento de las normas vinculadas al tema endeudamiento en Argentina y además una violación del Fondo por su propio estatuto que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales.
Con las reservas del Banco Central al límite, el gobierno realizó un nuevo pago de U$S1.900 millones al Fondo Monetario Internacional. Se suma a una cifra de igual magnitud que se canceló el 22 de septiembre pasado y a los pagos de intereses. El más reciente, en noviembre, llegó a u$s390 millones.
Los pagos que deberían efectuarse al FMI en 2022 correspondientes al programa ‘Stand By’ suman u$s19.000 millones, a los que se agregan pagos a acreedores privados y la renegociación de deuda con el Club de París. Tan solo en el primer trimestre sería necesario cancelar u$s3900 millones. En enero vencen u$s750 millones con el FMI y en febrero habría que cancelar u$s380. Cifras inimaginables e impagables.
Se está lejos de alcanzar un acuerdo y el FMI debería reconocer su corresponsabilidad en la crisis argentina. Con más del 40% de pobreza, la deuda es con el pueblo y no con el Fondo. Referentes de Derechos Humanos, sociales, sindicales y ambientales presentamos a la Justicia una medida cautelar para suspender los pagos de la deuda al FMI «hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos».
El FMI le prestó a Macri U$S45.000 millones, la misma cantidad de dólares que un puñado de personas y empresas fugaron del país durante 2018 y 2019. El Banco Central sabe quiénes son y debería informar a la ciudadanía al respecto.
En marzo celebrábamos la decisión del Presidente Alberto Fernández de querellar contra los autores del endeudamiento durante el gobierno macrista. En efecto, el Presidente anunció en la Apertura de Sesiones del Congreso Nacional que impulsaría una querella criminal para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno pasado, al que calificó como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. Dijo: “Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.
Decíamos en marzo que la decisión del Presidente era muy importante si se llevaba a cabo para terminar con la impunidad de funcionarios que endeudaron a la Argentina sin rendir cuentas por ello y para cambiar la lógica de la relación con el Fondo y obtener otros resultados. Proponíamos complementar la acción penal con una demanda civil para que devuelvan los dineros mal habidos e indemnicen al Estado y por daño moral al conjunto de la ciudadanía por las graves consecuencias que resultan de sus conductas sobre la mayoría de la población. El nuevo pago es contradictorio con sostener la ilegalidad de la deuda.
Hay que hacer una investigación sobre el endeudamiento y ver cuáles fueron los bancos que actuaron como colocadores de la deuda argentina. Ni siquiera existió licitación en muchos casos.
Hay un incumplimiento de las normas vinculadas al tema endeudamiento en Argentina y además una violación del Fondo por su propio estatuto que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales.
El mismo Banco Central publicó el año pasado un informe sobre la fuga de capitales que fue alimentada por ese mismo crédito. Es un proceso íntimamente relacionado: el Estado tomó deuda para disponer de dólares para la fuga, de parte de un pequeño sector de opulentos y grandes empresas. No hay razón para que la carga de su pago recaiga sobre los hombros de toda la sociedad.
El Fondo le exige al gobierno ajustes y más exportaciones para pagar la deuda: más soja, más minería, más fracking. Se evidencian así las dos caras del extractivismo. Hemos señalado en nuestra cátedra, en su momento en nuestra banca, ante los organismos internacionales y en los medios de comunicación la vinculación entre deuda y violaciones a los derechos humanos durante todos estos años desde la recuperación de la democracia.
El movimiento de mujeres desde hace varias décadas viene impulsando estas reflexiones en sus conclusiones de los multitudinarios Encuentros Nacionales de Mujeres y las feministas en todo el mundo hemos unido nuestra voces en estos reclamos contra el extractivismo financiero en sintonía con las luchas contra el patriarcado y otras formas de extractivismo. Consideramos en la mayoría de los casos a estos endeudamientos y acuerdos económicos como verdaderos crímenes de lesa humanidad económica y de lesa Naturaleza, inaceptables bajo cualquier punto de vista y nulos de nulidad absoluta.
La decisión del Gobierno de Bolivia de devolver un préstamo del FMI al constatarse la irregularidad de su otorgamiento, muestra que hay otras alternativas a la pretensión de cumplir con lo incumplible.
Descaradamente distintos ex funcionarios han tratado de echarle la culpa del endeudamiento en dólares al gasto social en jubilaciones y salarios, que son en pesos y no requieren de endeudamiento externo. Son maniobras para tratar de ocultar el desfalco y esconder que cada dólar de ese pago implicó un ajuste brutal sobre el conjunto de las políticas y servicios sociales, hundiendo la actividad económica y atacando las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por esto reiteramos la necesidad de investigar de manera integral y con participación social todo el sistema de la deuda perpetua y su usufructo ilegítimo y odioso. No es compatible denunciar semejante estafa al país con el cumplimiento de acuerdos con los delincuentes que los llevaron adelante, tanto locales como del extranjero.
Coincidimos con la Autoconvocatoria por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deuda en el sentido de que “Negociar para pagar más adelante, como se hizo con la deuda reclamada en divisas por privados, con el Club de París y ahora con el FMI, no resuelve el problema sino más bien profundiza la dependencia, el sometimiento, la explotación y el saqueo”.
Debemos recurrir al marco de los principios generales de Derecho y en particular de los Derechos Humanos para plantear al FMI y ante las Naciones Unidas a cuya órbita ese organismo internacional pertenece. Sujetar el país al cumplimiento de esos acuerdos fraudulentos es injusto y traerá nuevos graves impactos sobre nuestras condiciones de vida.
La verdadera deuda es interna, con el Pueblo y con la Naturaleza, no con el FMI ni los prestamistas y usureros.
Se deben garantizar los derechos de los pueblos a participar y controlar la toma de decisiones en materia de deuda y la implementación de políticas para asegurar una transición justa e inclusiva. Los argentinos estamos volviendo a hacer un gran esfuerzo con la esperanza de transitar hacia un modelo productivo sostenible y sustentable, y alcanzar nuestra soberanía y autodeterminación. Unamos fuerzas para hacer visible la voluntad soberana de no pagar la estafa.
* María José Lubertino. Doctora en Derecho. Profesora de Derechos Humanos UBA. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.