Organismos y asociaciones vecinales advierten incumplimientos en las tareas de saneamiento, falta de urbanización y el accionar ilegal de las empresas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), entre otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó la supervisión del saneamiento del río bajo el pretexto de que sus objetivos estaban cumplidos. Sin embargo, los organismos denuncian retrasos y el incumplimiento de las obras. ¿En qué estado está la Cuenca? ¿Cómo lo viven los vecinos y vecinas?
Hace unos meses la Corte dio por finalizado el seguimiento de la causa Mendoza, un fallo histórico dictado en 2008 en el que se exigió al Estado Nacional, provincial y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires la recomposición ambiental y la reparación de daños individuales de los vecinos y vecinas de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El pretexto fue que los objetivos institucionales ya estaban cumplidos al haber creado a ACUMAR, la autoridad de la Cuenca y encargada de cumplirse el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
“No negamos que hubieron avances en los trabajos de limpieza, como quitar los barcos hundidos, o la creación de espacios de naturaleza para reparar un poco el daño ambiental. Sin embargo, resta mucho por hacer en cuanto a ordenamiento territorial y relocalización de las familias. El trabajo es sumamente lento y las demandas no están cumplidas al 100 por 100”, sentencia María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las organizaciones denunciantes, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ. De hecho, la problemática lleva más de medio siglo y, en la actualidad, se generan aproximadamente 10 mil toneladas de residuos por día, entre vertidos industriales, cloacales y desechos sólidos.
Según denuncian las organizaciones, aún no se completó ni el 50 por ciento del total de las soluciones habitacionales, al quedar pendientes las relocalizaciones necesarias para construir la zona ribereña para amarrar barcos y estar incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones. En CABA, se estima que aún hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito.
Sin cobertura cloacal
Tampoco se puso en marcha el Sistema Riachuelo, obra destinada a tratar los residuos orgánicos que contaminan el río y a brindar un servicio adecuado de agua y cloaca al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y barrios del conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor por lo que, al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan el pozo ciego y, cuando llueve, todo eso sale para afuera y se dirige al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y hacen sus descargas en la Cuenca”, cuenta Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús, a la Agencia. En este sentido, las organizaciones relatan que la cobertura cloacal en los barrios afectados es del 56 por ciento.
Además, Alberto Larez, vecino de Villa Fiorito, manifiesta: “Uno no dice que las empresas no tengan que existir, pero tienen que trabajar dentro de los parámetros normales y lógicos de la vida humana. El problema principal está en que la máquina de enriquecerse se acelera cada vez más y se ignoran las causas de esto”.
Y agrega ante la Agencia: “Nuestros barrios, en general, son pobres y con muchas dificultades económicas, problema de contaminación, falta de estructura, paralización de las obras. Hoy está amenazada hasta el agua potable”.
En esta línea, González destaca que los municipios y el gobierno bonaerense buscan controlar el arrojo de basura por parte, también, de vecinos y vecinas. “Por ejemplo, se pusieron recolectores urbanos que entraban en los pasillos a recoger la basura. Sucede que ahora es más complicado porque con la crisis muchas personas vuelven a vivir con sus padres o se hacen construcciones de tres pisos y no hay espacio para moverse”, cuenta. El problema con la basura en las calles no es sólo que hacen a un ambiente insalubre, sino que se generan basurales a cielo abierto y, con las inundaciones cada vez más frecuentes, los residuos se trasladan hacia la cuenca.
El río no es el mismo
Si se mira algo más de una década atrás, el Riachuelo era efectivamente un cesto de basura mucho peor que el que se conoce hoy. De hecho, Larez recuerda que en el 2015 la Evaluación Integral de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo arrojó que 212 menores de 6 años tenían plomo en la sangre. A esto, Lubertino agrega: “La Cuenca abarca 14 municipios por lo que su contaminación no tiene límites y afecta a un lado y otro de la provincia. Obviamente, los municipios de la desembocadura tienen peores impactos, como Avellaneda, Lanús, La Matanza o Lomas de Zamora“. Es por esto que la reparación ambiental es tan compleja y más aún si el gobierno nacional de turno apunta a destruir las política ambientales y desfinanciar a entidades como ACUMAR.
En medio de las denuncias y una lucha casi eterna, los vecinos “de más años” ven que algo cambió aunque aún quede mucho por hacer. Por ejemplo, Horacio Eusebi, de la Isla Maciel en Avellaneda, detalla: “Cuando cruzamos el río en bote ya no sentimos el olor a kerosene y a podrido que se sentía antes. Tampoco se ven peces muertos o autos que eran tirados de cabeza allí. De hecho, se ven algunos peces y hemos visto alguna que otra tortuga marina. Si hay vida en el agua es porque algo bueno está pasando”.
Por su parte, González afirma: “El panorama es diferente: los vecinos hacemos recolección de residuos, las escuelas hacen tareas de concientización ambiental y los pibes de 12 o 13 años preguntan qué más pueden hacer. Lo que pasa es que esto se tiene que mantener. Con el cierre de la causa Mendoza y la desidia del gobierno nacional, estamos reviviendo una lucha que nos costó veinte años, porque recuperar los márgenes del río nos llevó todo ese tiempo”.
De la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también participaron la Asociación Vecinos de la Boca, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación T.E.M.A.S, y el Ministerio Público de la Defensa de la CABA (MPD). También, Beatriz Mendoza y vecinos presentaron otra demanda, y se espera que Organizaciones y Barrios de la Cuenca Matanza-Riachuelo expongan otro recurso.