Vecinos de la Ciudad, movilizados por organizaciones barriales socioambientales, coparon este sábado la esquina de Perú y Diagonal Sur, frente a la Legislatura porteña. Lo hicieron bajo la consigna común “Se va Buenos Aires”, pero con el propósito opuesto, es decir para que “no se siga yendo el patrimonio histórico de nuestra Ciudad, mediante políticas públicas que destruyen los espacios públicos para llevar adelante negocios privados”. Distintos oradores coincidieron en poner bajo la lupa las políticas del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que se vienen profundizando desde la gestión en la Ciudad de Mauricio Macri.
Unidos bajo una enorme bandera que decía “Amamos Buenos Aires”, desplegaron todas sus demandas, históricas, igual que los edificios emblemáticos, los árboles y espacios verdes añosos, los playones ferroviarios en los que se quieren levantar torres de cemento que alimentan la voracidad del negocio inmobiliario que quiere borrar la identidad de los barrios porteños.
Matías Amica es músico e integrante de Vecinos Unidos de Núñez. “Lo que estamos denunciando es que están destruyendo todo el patrimonio barrial, todos los espacios verdes, por eso nosotros decimos que esto es un verdadero barricidio”. Señaló que esas políticas llevan también “a profundizar los problemas en los servicios de luz, gas, agua corriente” como consecuencia lógica del avance de un “supuesto progreso” que carece de planificación alguna y que “sólo apunta a sumar dinero a los negocios inmobiliarios de los amigos del gobierno”.
“La falta de planeamiento, el hecho de no pensar en el largo plazo, lleva a que ias cosas se desborden en perjuicio de los vecinos”, sostuvo Amica en diálogo con Página/12. “Una de las grandes pérdidas que ya sufrió nuestro barrio fue la destrucción del Palacio Quisisana, una casa colonial por la que se pidió protección, pero el gobierno la demolió y ahora van a construir unos edificios”. La casa estaba ubicada en O’Higgins, entre Arias y Pico. “El problema sigue porque ahora tenemos cientos de viviendas en demolición”, señaló el vecino del barrio de Núñez. “Eso, además de la destrucción de miles de árboles, de palmeras añosas, y de los espacios verdes en toda la Ciudad de Buenos Aires”. Al costado de dos plazas del barrio “quieren construir edificios en torre que van a dejar en sombras a esos paseos públicos”.
Marcos Sbarbati, de Basta de Demoler, una de las primeras organizaciones vecinales que salieron a defender el patrimonio cultural histórico de la Ciudad, dijo que “lo más grave es que todo este perjuicio en contra de la vida en los barrios,se hace en nombre del supuesto progreso, un progreso mal entendido porque después de la pandemia, en el Siglo XXI hay que hacer otras cosas para la Ciudad, porque el dogma de nuestra Ciudad ha sido fuertemente atacado”. Una pandemia que exige espacios verdes, distanciamiento social “no tiene nada que ver con la Ciudad que están construyendo” mediante las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta. “Otro perjuicio es que se diga que con las nuevas construcciones se solucional el déficit habitacional, cuando en realidad eso es muy difícil cuando se trata de propiedades valuadas en 3.000 dólares el metro cuadrado cada propiedad y ni hablar de los terrenos privatizados como Costa Salguero, que constituyen un perjuicio muy grande para el espacio público en la Ciudad”.
“Lo que nosotros venimos diciendo desde hace un montón de años es que hay un montón de mecanismos para que los propietarios no tengan que malvender sus propiedades , pero ninguna de esas políticas, como el programa para reciclarlos y convertirlos de vuelta en vivienda, son tenidos en cuenta porque lo que están haciendo es tirar abajo Buenos Aires y construir una ciudad que no se sabe muy bien qué ciudad es”.
Ana Bas, de Basta de Demoler, recordó la lucha en favor del patrimonio de la Ciudad del arquitecto José María Peña, que en los años setenta “fue el impulsor de la Feria de Anticuarios de Plaza Dorrego, en un lugar donde no había nada y desde hace años es un polo de atracción comercial, turístico y cultural”. Recordó también que en 1968, Peña logró que le cedieran el primer piso del edificio histórico de la farmacia La Estrella, en Defensa y Alsina, una de las esquinas más antigua de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se instaló el Museo de la Ciudad, y ahora “quieren inaugurar un museo sin preguntarles a los vecinos, ni a los comerciantes, ni a las asociaciones, ni a las Comunas, que es lo que quieren hacer”. Bas recalcó que el gobierno porteño tiene muchos juicios abiertos por no respetar el patrimonio cultural histórico de la Ciudad, incluyendo hasta “la destrucción de las veredas, los cordones, el adoquinado , los faroles y los edificios que son nuestra memoria”.
En la ronda de intervenciones, se señalaron los problemas principales que está generando la política oficial. “Se están apropiando de la Costanera, Costa Salguero, Distrito Joven, Tiro Federal, Costa Urgana, pero ahora están impulsando convenios urbanísticos, ya se firmaron 11 de esos convenios que van a afectar el patrimonio de ocho barrios de la Ciudad y se habla de la aprobación de otros cuarenta convenios más». Por eso se llamó a la unidad en la lucha de las más de 50 organizaciones barriales reunidas en en “Se va Buenos Aires” para impedir que siga avanzando “la destrucción de nuestros barrios y de nuestra identidad”.
Llamaron a enfrentar la política del gobierno de Rodríguez Larreta, que pretende “la demolición sistemática del patrimonio urbano y la proliferación de edificios en torre en los barrios de casas bajas, lo que destruiría el fundamento histórico-cultural de nuestros barrios”.
En la esquina de la Legislatura, las leyendas de los vecinos y vecinas señalaron las heridas abiertas: “”No al Código” urbanístico, “Los espacios públicos son de libre acceso, no son para los negocios privados”. En las vallas de la Legislatura se pegaron imágenes de muchos de los edificios que fueron destruidos a partir de la sanción de la reforma del Código Urbanístico aprobada en 2018.
Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, concluyó que los vecinos sufren “cuatro agresiones: la apropiación de la Costanera, los 11 convenios urbanísticos que habilitan la construcción de torres, la amenaza que avanza contra la identidad de nuestros barrios de casas bajas y la falta de relevamiento de los inmuebles anteriores a 1941“. Y llamó a luchar para que deje de aplicarse el Código aprobado en 2018.