Los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios, sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación y a la cultura, pero también al trabajo y el desarrollo económico. Hoy sin conectividad a internet no hay desarrollo industrial ni económico posible. La pandemia profundizó la dependencia de la conectividad y agudizó las injustas consecuencias de la brecha digital.
Por eso, rechazamos los aumentos de tarifa por fuera de la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y reiteramos que los/as usuarios/as tenemos derecho a rechazar esos cambios de tarifas -a veces encubiertas en cambios de planes- si están fuera de la ley.
Alberto Fernández declaró el año pasado como «servicios públicos, esenciales y estratégicos» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga. Se dispuso que sigan en competencia y que sus licenciatarios fijen los precios, pero que estos deben ser «justos y razonables». Además se congelaron las tarifas de esas prestaciones. Sin embargo, ahora las empresas volvieron a aumentar los precios sin autorización y el presidente reiteró públicamente la voluntad política de sostener el camino emprendido.
Varios organismos internacionales, con la ONU y la OEA a la cabeza, desde el 2016 reclaman que se reconozca el derecho al acceso y el uso de Internet «como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión». Firmaron en Londres junto con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhap) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) una carta en la cual las y los relatores y representantes de esas organizaciones internacionales pidieron a los Estados que se abstengan de imponer «interrupciones o bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones», exigieron respetar y afianzar el «principio de neutralidad de red» y asegurar que los desarrollos importantes, como la implementación de las redes móviles de 5G e internet, respeten los derechos humanos.
En América Latina, según la CEPAL, el 45% de la población carece de banda ancha. Con lo cual existe un déficit estructural en términos democráticos. La declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años, tanto las organizaciones de derechos humanos como las de usuarios y consumidores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que «el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables…». Había habido avances regulatorios en el 2014 a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, pero el gobierno anterior significó un claro retroceso dejando todo librado al mercado.
Este gobierno en agosto del año pasado dispuso a través del Decreto 690/2020 modificaciones a la Ley conocida como «Ley Argentina Digital» para que haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. A partir de ese DNU el precio de los servicios está regulado. Sigue habiendo competencia entre las empresas, pero ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom. Es decir, pueden hacer los descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado.
A mediados de julio de este año, el ENACOM estableció que las licenciatarias de servicios de acceso a Internet, de servicios de telefonía fija, de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico y de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital, también podrán incrementar el valor de todos sus precios minoristas hasta un 5% retroactivo al 1° de julio de 2021.
Las asociaciones de usuarios/as y consumidores rechazamos incluso ese aumento y ante las quejas de los/as usuarios/as, y al igual que en las anteriores oportunidades en las que se autorizaron incrementos, el ENACOM estableció que cualquier aumento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las licenciatarias que supere los valores expresamente autorizados «deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas».
Apoyamos el sistema de regulación de tarifas para estos servicios y que cualquier cambio sea consensuado con la participación en el debate de los/as usuarios/as frente a las empresas oligopólicas. En un contexto en el cual la mayoría tenemos sueldos congelados y muchas personas han perdido su empleo o sus ingresos, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este momento internet es un problema para todos/as y acrecienta la injusticia.
La declaración de servicio público fue un cambio fundamental. El Estado recuperó herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad. Nos abre una puerta a una transformación muy grande.
Desde las organizaciones de usuarios y consumidores y de defensa de derechos humanos anhelamos y pedimos que las/os consumidores también tengamos una participación en la fijación de regulación de precios y que se controle la prestación de los servicios cuya calidad deja mucho que desear.